En los últimos años son varias las partes del mundo que están poniendo en marcha experiencias de regulación del cannabis. Los casos de Uruguay, Estados Unidos o los recientes anuncios de Canadá, México o Alemania nos muestran que el esfuerzo por buscar alternativas a las políticas de drogas actuales ha llegado para quedarse.
Evidentemente, estos esfuerzos por buscar alternativas han propiciado que se refuercen a su vez los discursos favorables al status quo. Y uno de los que parece tener más relevancia es aquel que defiende que la regulación del cannabis traerá aparejado un aumento en el consumo de cannabis y, finalmente, mayores problemas en términos de Salud Pública.
Para los que trabajamos en la reducción de los daños relacionados con los usos de drogas hay algo que tenemos muy claro: que el consumo de drogas no equivale a tener problemas con o por las drogas y que es posible reducir daños sin que necesariamente deba eliminarse el consumo. Así, desde una perspectiva de Salud Pública, la cuestión realmente relevante ante una futura regulación del cannabis no es si aumentará o no el consumo sino si aumentarán o no los problemas asociados.
Las experiencias de Uruguay y algunos estados norteamericanos están actuando como experimentos naturales y están generando una gran cantidad de información sobre aspectos muy variados que van desde la cantidad de ingresos para las arcas públicas, la disminución o no de determinadas problemáticas como la conducción bajo los efectos del cannabis o su consumo por parte de adolescentes, o la aparición de nuevos fenómenos como el uso de extracciones.
Para este primer artículo en infocannabis.org he querido poner el foco en uno de los clásicos indicadores de problemas con las drogas: el número de personas que se someten a un tratamiento. Este indicador, que cuenta con una larga trayectoria en la epidemiología de las drogas, se utiliza para obtener una imagen lo más exacta posible de “las características, conductas de riesgo y patrones de consumo de drogas de las personas con problemas con las drogas en la comunidad” (EMCDDA, 2012). Por tanto, es también un indicador de daños o problemas que puede ser utilizado para evaluar el impacto de las políticas de drogas. Esto es lo que han hecho los alemanes Christian Adam y Andreas Raschzok, del Geschwister Scholl Institute for Political Science y de la Universidad de Constanza, respectivamente, y presentado en el trabajo “Políticas sobre el cannabis y la demanda de tratamiento por problemas relacionados con el cannabis” que ha sido publicado en la prestigiosa revista científica Drug and Alcohol Review.
Estos investigadores han comparado el indicador de tratamiento observado en dos grupos de países: aquellos que han reformado, en el sentido de suavizado, sus políticas de drogas (Bélgica, Finlandia, Francia y Portugal) y los que no (Austria, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Holanda, España y Suecia) en el periodo comprendido entre 1999 y 2004. Para los autores, las reformas permisivas son aquellas en las que se adopta un enfoque más indulgente en una o varias dimensiones como pueden ser las leyes sobre tenencia y consumo, las sanciones para cuando se violan dichas leyes, o la presión policial para hacerlas cumplir. Los cuatro países del primer grupo han reformado sus leyes en ese sentido mientras que los ocho del segundo se han mantenido en el status quo.
Las conclusiones son muy interesantes. Los investigadores no encontraron diferencias significativas entre ambos grupos. En los últimos años, se ha producido un aumento generalizado del número de personas consumidoras de cannabis que solicitan tratamiento, pero este aumento no fue significativamente mayor en los países reformistas. Como señalan los autores, este aumento pudo deberse al consumo de variedades más potentes o a que existe una mayor aceptación del hecho de someterse a un tratamiento. Pero lo que claramente puede concluirse a la luz de sus datos es que todo ello no está relacionado con una relajación en las leyes sobre el cannabis.
Evidentemente, el indicador de tratamiento tiene sus limitaciones. Y es bueno conocerlas para no equivocarnos en las conclusiones. Por ejemplo, el indicador no es un reflejo exacto del nivel de daño sobre la Salud Pública. En otras palabras, aunque el indicador recoge el número de personas que han entrado a tratamiento, puede ocurrir que las motivaciones para ello no tengan que ver con daños en la salud pública sino con otras cuestiones como la propia legislación. En España, según datos del Observatorio Español sobre Drogas (OED, 2015), el 21,5% de las personas que entraron a tratamiento por consumo de cannabis en 2013 lo hicieron remitidos por los servicios legales o policiales. Esto quiere decir que, en lugar de hacerlo por tener problemas con el cannabis, lo hicieron por tener problemas con las leyes sobre el cannabis. Y eso son dos cosas diferentes. Además, un 13,5% adicional fue remitido por familiares y/o amigos, lo cual tampoco significa necesariamente que se deba a un consumo problemático. ¿Cuántos menores acuden a un centro porque los padres le encontraron una china en el bolsillo, le olieron a porro o simplemente le notaron los ojos rojos?
Dado que la nueva ley de seguridad ciudadana ha eliminado la posibilidad de un tratamiento sustitutivo de la sanción, excepto para los menores de edad, habrá que esperar a futuros informes para conocer cómo evoluciona el indicador. Bien podría ocurrir que se produjera un descenso en el número de demandas de tratamiento por cannabis (de un 20% tomando como referencia los datos de 2013) lo que en ningún caso podrá entenderse como una disminución del consumo problemático producto del endurecimiento de las leyes contra el cannabis.
Sea como fuere, y volviendo al indicador de tratamiento, los datos del estudio comentado parecen señalar que una suavización en las políticas sobre drogas no incrementaría necesariamente los daños. Recientemente, otros autores (por ejemplo, Lynskey, Hindocha y Freeman, 2016) han señalado otras ventajas en términos de reducción de daños que tendría la regulación del cannabis, y no son cualquier cosa. La regulación de una actividad que ya se está haciendo permite introducir medidas para limitar el impacto en la salud de dicha actividad. Por ejemplo, la limitación de la potencia de los productos derivados, unos mayores controles sobre la venta a menores de edad o la disminución del número de personas incursas en procesos judiciales. Pero también es importante valorar y estar atentos a posibles daños o nuevos daños que puedan aparecer y que, de bien seguro, terminarán apareciendo. Sólo así se conseguirá vigilar y actuar de manera precoz para proteger la Salud Pública.
Referencias
Adam, C., & Raschzok, A. (2016). Cannabis policy and the uptake of treatment for cannabis‐related problems. Drug and Alcohol Review. Disponible online (bajo suscripción) en http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/dar.12401/abstract
energy (2012). Treatment demand indicator (TDI) Standard protocol 3.0: Guidelines for reporting data on people entering drug treatment in European countries. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. Disponible en: http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/675/EMCDDA-TDI-Protocol-3.0_392671.pdf
Lynskey, M. T., Hindocha, C., & Freeman, T. P. (2016). Legal regulated markets have the potential to reduce population levels of harm associated with cannabis use. Addiction. Disponible online en: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/add.13390/full
OED (2015). Problemas relacionados con las drogas. Informe 2015. Madrid: Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Disponible online aquí (informe) y aquí (estadísticas).
Imágenes: EMCDDA
Texto: Claudio Vidal. Todos los derechos reservados.
Claudio Vidal Giné (1971 Terrassa, España) Licenciado en Psicología por la Universidad de Málaga. Experto Universitario en metodologías de investigación en Drogodependencias Delegado en Andalucía para Energy Control en ABD Asociación Bienestar y Desarrollo Trabaja en el desarrollo y ejecución de proyectos de reducción de riesgos asociados al consumo de drogas. Autor de numerosas ponencias, estudios y artículos sobre el uso recreativo de drogas, acción preventiva y políticas enfocadas a la reducción de riesgos y daños asociados al consumo de drogas en fiestas de música electrónica.