Si hay algo que superará la industria, el beneficio y el empleo que puede crear la legalización del uso del cannabis en un país, será sin duda el dinero que moverá el comercio internacional de esa misma sustancia. La cada vez mayor aceptación de su uso para fines terapéuticos u otras utilidades en diferentes países por todo el planeta está acelerando una industria creciente, pero que no crece a la misma velocidad en todos los lugares.
Algo que los grandes gigantes de países ricos con fácil acceso a los mercados y a la financiación saben y están utilizando. Las empresas de algunos países están tomando la delantera y moviendo fichas en el tablero global para aprovechar las mismas herramientas comerciales internacionales que se usan en otros campos: los Tratados de Libre Comercio (TLC).
Igual que ocurrió con la expansión territorial y colonial de empresas hortofrutícolas, como la polémica United Fruit Company, tabacaleras o azucareras durante el siglo XX, el “patio trasero” de Estados Unidos, Latinoamérica, está convirtiéndose en el nuevo campo de cultivo y de expansión de la industria cannábica estadounidense y canadiense.
Inversiones millonarias, compra de empresas, reuniones con presidentes y ministros, encuentros internacionales sobre las posibilidades de negocio del cannabis en países de Latinoamérica o presiones para adecuar las legislaciones nacionales a otras internacionales que protegen al inversor son algunos de los movimientos que la industria está dando en el continente.
“La protección a los inversores [de Colombia] es mejor que las de otros países latinoamericanos”, declaró el presidente de la empresa canadiense de biotecnología aplicada a la industria del cannabis Avicanna tras anunciar la compra del 60% de Santa Marta Golden Hemp, una de las mayores empresas de producción de cannabis de Colombia.
El movimiento de Avicanna en tierras colombianas no es el único realizado por parte de una empresa canadiense. Las ya multinacionales canadienses llevan algunos años de ventaja en cuanto a la investigación y el avance en la producción de marihuana y el desarrollo de sus usos, y la están usando a base de inversiones millonarias y compras por todo el continente.
Chemesis International, con sede en Vancouver, anunció la compra de La Finca Interactiva – Arachna Med, la empresa de producción de productos terapéuticos más antigua de la región, por un precio que supera los diez millones de dólares y por la cual podrá cultivar 400 hectáreas y, lo que es casi más importante, mantendrá las alianzas que tiene la empresa comprada con más de 2.000 productores locales.
La canadiense Canopy Growth, por su parte, invertirá en Colombia más de 40 millones de dólares, según han publicado medios canadienses especializados.
Pero Norteamérica ya no es solo Estados Unidos y Canadá. La industria mexicana se está preparando también para dar un salto cualitativo y acoplarse al ritmo de sus vecinos de arriba.
El Gobierno mexicano, que ha pasado de quemar campos de marihuana en televisión a promover la creación de esta industria en tan solo un par de años, ha aprovechado el acuerdo comercial que tiene con Uruguay, el alumno aventajado de Sudamerica en el cultivo de cannabis, para establecer acuerdos comerciales de inversión e importación de la sustancia y de la tecnología.
No solo es producir, también es comerciar
Está claro que el abaratamiento de costes que supone el producir en un país con menos derechos laborales, menores salarios y una tierra sin apenas cambios estacionales para este tipo de empresas es razón más que suficiente para deslocalizar su producción a países del sur para su posterior exportación a sus propios mercados.
Pero hay algo que también es muy atractivo en el hecho de producir en estos países: la puerta abierta a la exportación a terceros países gracias a los tratados de libre comercio.
“En Estados Unidos y Canadá una gran parte de la producción es indoor, por lo que cultivar cannabis en Latinoamérica supone un ahorro de costes enorme para este tipo de empresas”, explica Ismael Galve-Roperh, investigador especializado en los mecanismos de acción y efectos fisiopatologicos de estos compuestos en la Universidad Complutense Madrid, pero matiza que “la aceptación del acuerdo con Europa abre las puertas a que se produzca en estos países y que de ahí se exporte”.
En una carrera un tanto frenética por firmar este tipo de acuerdos, en los últimos 15 años, el Gobierno de Colombia ha cerrado acuerdos comerciales bilaterales con cientos de países. “Colombia tiene muchos acuerdos de libre comercio que permitirán la exportación rentable de productos de cannabis a todo el mundo”, declaró el presidente de Chemesis Internacional mostrando claramente que los motivos para elegir a dicho país van más allá del mercado interno o el abaratamiento de costes.
El expresidente de México, Vicente Fox, fiel defensor de la legalización de la marihuana, declaró durante su exposición en a la ExpoCannaBiz Business Conference en Cartagena de Indias, Colombia, que muy pronto Perú, Chile, Brasil, México y Argentina se sumarían a los países que ya han legalizado alguno de los usos y la producción del cannabis y remarcó que deslumbraba que “esta industria nueva llegará a ser parte del NAFTA [Tratado de Libre Comercio de América del Norte] y de los tratados que tenemos entre México y Colombia”.
¿A quién sirven estos tratados?
Los TLC siempre han tenido dos cometidos básicos: la eliminación de las barreras arancelarias (incluidas legislaciones o controles fitosanitarios) y la protección del inversor, o sea de las grandes multinacionales y fondos, para atraer los capitales extranjeros.
Las grandes empresas, como dejó ver el presidente de Chemesis, buscan territorios donde la protección de su dinero y su poder como gran empresa esté por encima de las medidas públicas que puedan proteger a sus cultivadores y comunidades, de protección medioambiental o, incluso, de decisiones democráticas y políticas si éstas ponen en peligro sus beneficios presentes y futuros.
El principio de no discriminación, presente en todos los TLC, protege al inversor de que el gobierno pueda aplicar legislaciones que favorezcan el desarrollo interno de su industria nacional o que se le puedan conceder ayudas económicas a los productores locales.
Los TLC, redactados bajo las influencias de los grandes lobbies y la presión de las grandes industrias, acaban modificando o forzando cambios legislativos que se adecuen a los intereses de estos y armonicen las normativas y controles, normalmente para igualarse a la baja con el país que más convenga a la industria, de todas las partes del tratado.
“En Colombia han sido estas grandes empresas las que han liderado cambios legislativos para la regulación de la producción y uso de cannabis, un cambio que no hubiera sido posible sin el trabajo previo y continuo del movimiento global antiprohibicionista y por el acceso al uso de Cannabis con fines terapéuticos”, explica Galve-Roperh, pero el peligro de la regulación es que en su desarrollo se introduzcan una serie de criterios que son inalcanzables por los pequeños productores locales o de autocultivo, y no garantizan que pequeños cultivadores y comunidades indígenas que llevan durante siglos cultivando la planta de cannabis puedan regularizar y mejorar su producción”, lamenta el investigador.
Las empresas grandes nacionales son las que abren el mercado nacional al capital extranjero mediante acuerdos o la venta de participaciones en el accionariado, y gracias a esa entrada, empuje de capital y los contactos les permite adelantarse para adaptarse a los cambios legislativos y por tanto conseguir las diferentes licencias y, gracias a ese poder, son también las que acaban por conseguir que se provoquen los cambios legislativos necesarios.
Este tipo de coberturas ya está haciendo mella en Colombia donde los productores se quejan de que de las 140 licencias que ha repartido el Gobierno, muy pocas han ido a parar a comunidades campesinas e indígenas. En España, el ejemplo de la empresa Alcaliber, propiedad entre otros de Juan Abelló y líder en el cultivo de opio, es incluso más sangrante que el colombiano.
Los cultivadores no son los únicos que pueden salir perdiendo con esos cambios legislativos que solo miran por el bien de las empresas. “Cuanto más se legisla más se hace en favor de las Big Pharma por un lado, y de las grandes empresas de distribución canadienses y estadounidenses de productos edibles, aquellos que llevan algún compuesto como el cannabidiol o cantidades residuales de THC, como bebidas, cremas, cosméticos u otros usos y que lo aprovechan para vender el producto”, explica el investigador y añade que el mercado y los intereses económicos está tan centrado en esas dos vías, síntomas de enfermedades y productos edibles.
La sabiduría y adaptación al clima y características del suelo inherente a la genética milenaria de las semillas de las comunidades indígenas es otro de los objetivos de estas grandes empresas.
Compran el acceso al registro de semillas autóctonas de las comunidades indígenas y acceden a la genética milenaria, como el caso de la colombiana PharmaCielo, que recientemente ha anunciado que producirá una cepa de cannabis con 500 años de historia en el territorio ancestral de los Arhuaco.
¿Solo Latinoamérica?
Pero las empresas norteamericanas ya tienen puesto los ojos en los países europeos y en su más que seguro avance hacia la legalización. Mientras el TTIP (el Tratado de Libre Comercio e Inversiones entre Estados Unidos y Europa) está parado, la Unión Europea ha firmado un tratado comercial con los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay).
Las multinacionales del sector conocían que dicho tratado abría un mundo de posibilidades de exportación de cannabis a Europa y maniobraron rápido. La empresa Khiron Life Sciences Corp compró la uruguaya NettaGrowth el 19 de junio de este mismo año, tan solo nueve días antes de la firma final del tratado.
Atendiendo a movimientos como el de Khiron y declaraciones como las del Presidente de Chemesis Internacional, el desembarco neocolonial en Latinoamérica parece tener una próxima parada: Europa.
Solo faltará por despejar algunas dudas:
¿Cómo influirán los Tratados y los grandes capitales en la industria europea?
¿Estarán los productores de países como España preparados para ello?
¿Cómo afectará a los consumidores terapéuticos y recreativos?
¿Habrá alguna forma de parar esta nueva neo colonización empresarial?
Texto: Yago Álvarez Barba. Imágenes AlexCovarrubias. Todos los derechos reservados
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Yago Álvarez Barba (O Porriño, Pontevedra, 1980) Licenciado en Administración y Dirección de empresas por la Universidad Politécnica de Valencia. Coordinador de la sección de Economía en El Salto. Especializado en temas económicos desde un punto de vista crítico y social. También fue fundador del medio de economía crítica El Salmón Contrracorriente, donde además imparte cursos sobre economías alternativas y finanzas éticas. Naciendo en un pueblo llamado Porriño, creciendo en uno de Valencia y eligiendo Holanda como lugar para hacer su año de Erasmus durante la universidad, su afición por el cannabis recreativo era casi cosa del destino. Ahora aplica sus conocimientos en economía, fiscalidad, comercio internacional y sobre los entresijos del capitalismo para investigar y escribir sobre el mundo del cannabis. Puedes encontrarlo en Twitter bajo el pseudónimo @EconoCabreado