A pesar de que la marihuana ha formado parte por siglos de la cultura nacional y después de décadas en las que la discusión sobre el papel cultural y la regulación de la cannabis en México parecía relegada a un segundo plano, en el que solo un pequeño grupo de locos llamábamos la atención sobre la necesidad de discutir de manera franca el asunto, repentinamente, en unos cuatro o cinco años, este debate público ha observado una eclosión digna de notarse. Desde luego, tal fenómeno tiene sus causas concretas.
La primera de ellas, sin duda, tuvo que ver con la consolidación de un movimiento creciente de usuarios que, a partir del año 2000, decidió irrumpir en la arena pública para visibilizar a una población escondida y marginada, tanto legal como culturalmente, pero madura ya y dispuesta a defender sus derechos en relación a la planta.
La segunda causa sensible, al menos en México, tiene que ver con la evolución regulatoria que Estados Unidos ha observado en la materia, un país sumamente importante para la vida cotidiana de México. Después de décadas de combatir por la vía de las armas toda actividad relacionada con las llamadas drogas ilegales, y de poner en riesgo los derechos humanos e incluso las instituciones democráticas del país en nombre de la salud y la seguridad públicas, México se encontró con que su vecino del norte comenzó a regular, de distintas maneras, todo lo relacionado con el cannabis, lo que colocó, incluso a los defensores nacionales de la prohibición más recalcitrantes, en una posición sumamente incómoda: ¿Cómo seguir manchándonos de sangre las manos por un producto que, del otro lado de la frontera, es legal y regulado?
Las respuestas, obvias, a ésta pregunta, abrieron la puerta así al comienzo de un debate que, si bien es cada vez más abierto, no ha podido dejar atrás décadas de prejuicios, estigma e ignorancia que son aún el común denominador de la sociedad mexicana –clase política incluida, desde luego-.
En los últimos años, sin embargo, surgieron en México algunos liderazgos políticos preocupados por el asunto; liderazgos, que si bien han pertenecido a partidos políticos sin la suficiente fuerza para hacer avanzar por sí mismos una reforma, al menos visibilizaron lo que la sociedad civil había venido diciendo desde mucho tiempo atrás: que la regulación de la mariguana estaba ya sucediendo, y que las cosas comenzarían a cambiar con, sin y a pesar de las fuerzas políticas y sociales que se han opuesto históricamente a cualquier modificación en nuestra política hacia ella.
De este modo, y a pesar de la renuencia de la clase política mexicana para discutir seriamente las alternativas, el pasado 4 de noviembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México determinó conceder un amparo a una asociación civil (SMART) que había solicitado permiso para cultivar cannabis con fines de consumo personal, y sin intención de comercio.
La Corte decidió que diversos artículo de la Ley General de Salud son inconstitucionales, ya que extralimitan las facultades del Estado para intervenir en la autonomía personal de los ciudadanos en relación al libre desarrollo de la personalidad, y estableció que el cultivo privado de cannabis, sin fines de comercio, no puede ser objeto de persecución criminal. Hasta el momento, el amparo beneficia exclusivamente a los cuatro miembros de esta asociación, por lo que se requieren cuatro amparos más para formar jurisprudencia y así lograr que este derecho sea de observancia general. Como se podría suponer, ahora mismo un alud de amparos están siendo presentados ante las instancias correspondientes, por lo que más pronto que tarde, todos los mexicanos tendremos derecho al cultivo, siempre y cuando éste no tenga fines de lucro.
En términos culturales, sin embargo, el alcance de esta decisión es mucho mayor: por primera vez se ponen en el centro del debate al usuario y sus derechos, algo inédito en el debate nacional sobre las drogas. El fallo ha suscitado, así, una avalancha de opiniones -la mayoría poco fundamentadas- en la que de nueva cuenta se exhiben los prejuicios y una cultura discriminatoria ampliamente arraigada en la población mexicana.
Pero políticamente, el fallo de la Corte ha resultado en un sismo de amplias proporciones. El golpe ha sido asestado. Después de años en los que el activismo cannábico mexicano reclamara a gobiernos y legisladores que tomaran cartas en el asunto, y en los que el debate y las propuestas realizadas habían sido menospreciadas e ignoradas por la clase política, ahora ese mismo estamento -gobierno incluido-, reclaman y están organizando un debate nacional sobre el tema, e incluso hay quienes han propuesto hacer consultas ciudadanas, algo a lo que el activismo deberá de rechazar: los derechos no se someten a consulta ni a votación. En todo caso, se ejercen y se garantizan.
Por ello, el fallo de la Corte tendrá amplias consecuencias sobre el sistema de control de la cannabis. La prohibición absoluta ha terminado en México, y las perspectivas de regulación se centran, en el futuro inmediato, en la regulación del cultivo privado sin fines de lucro, sea este personal o asociado.
Entre los resultados que esta decisión podría generar, se encuentra el de terminar con la ambigüedad jurídica de los usuarios de cannabis en el país, ya que si bien actualmente consumir no está penalizado -siempre y cuando no sea en vía pública- aquel que decida consumir tiene por fuerza que haber cometido un delito (cultivar, preparar, comprar, poseer, transportar, etc) con lo que el ejercicio de la ley se centra en perseguir tales delitos, ignorando los derechos de los usuarios. Algo no menor, cuando se constata que 7 de cada 10 detenciones en la ciudad de México, por ejemplo, están relacionados con delitos de drogas, y de ellos la mayoría es por posesión.
Tal vez no tan sorprendentemente, el fallo de la Corte sacó a relucir la poquísima calidad democrática de numerosos sectores sociales y políticos de México, que no se han cansado de repetir que están “en contra” de tal determinación. Y esto es así porque tales opositores se encuentran en una posición inédita para ellos: por primera vez, fueron ellos los excluidos de las decisiones y los debates. La Suprema Corte reconoce, con su fallo, que los derechos de los usuarios han sido largamente violentados por las políticas nacionales relacionadas con las drogas.
Sin embargo, lo interesante es que tales opiniones –no se les puede llamar argumentos- ya no tienen lugar en el debate sustantivo de qué hacer ahora. La puerta está abierta para las asociaciones de cultivo, y seremos nosotros, los usuarios y cultivadores, los que tendremos la voz cantante sobre cuál es la mejor forma de regular. Una regulación que, esperamos, tenga lugar sobre la práctica, y no sobre las prejuiciosas y “buenas intenciones” de una sociedad y de su clase política sumamente conservadoras que, ahora, se encuentran aterradas ante la pérdida de su hegemonía penal sobre los usuarios. Pero allá ellos con sus inseguridades- Para nosotros, llegó la era del ejercicio de nuestros derechos.
Imágenes: Escudo de México Wikipedia
Texto: Jorge Hernandez Tinajero. Todos los derechos reservados
Jorge Hernández Tinajero (Ciudad de México, 1970) Politólogo e internacionalista, activista por la regulación del cannabis en México desde la década de los 90 del siglo pasado. Socio fundador de la Asociación Mexicana de Estudios del Cannabis (AMECA) y del Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas (CuPIHD) del que fue Presidente y Director Ejecutivo entre 2009 y 2015. Entre otros muchos artículos y ensayos es autor junto a Julio Zenil y Leopoldo Rivera de “La Mota: compendio actualizado de la mariguana en México.” (Edit. Mondadori, México 2013)
Excelente artículo… Realmente bien organizada la idea. Estoy totalmente de acuerdo con lo afirmado en el. Gracias por compartir.