Marihuana oficial. Crónica de un experimento uruguayo (Extracto)

Desde que José Mujica recorrió cuarteles para ver dónde podía plantar marihuana hasta que el cannabis echó raíces en un predio estatal pasaron más de tres años y una elección. La venta de la droga en farmacias completa un sistema único que rompe con décadas de prohibición y le disputa al narcotráfico uno de sus mercados.

Una investigación periodística con más de cuarenta entrevistados, Marihuana oficial cuenta qué llevó al gobierno de Uruguay a embarcar a un pequeño país en un viaje desconocido. En sus páginas hay narcos, policías, activistas, políticos, empresarios y exguerrilleros; los protagonistas de un experimento que quedará en la historia. Desde www.megustaleer.com.uy han tenido la gentileza de enviarnos el libro y nos ha encantado, altamente recomendable, es un documento imprescindible para entender qué supone este cambio legislativo, quién lo ha llevado a cabo, cómo se ha realizado, dónde empezó a gestarse y cuando podremos ver los resultados de lo que sin lugar a dudas, supone un paso de gigante hacía otra forma de orientar la relación de la humanidad con el cannabis. Un gran trabajo periodístico de Guillermo Draper y Christian Müller Sienra que ya se puede comprar online en este enlace y del que (gracias a los autores) publicamos aquí el Capítulo 5: La decisión:

Dos adolescentes vestidos con prendas deportivas y gorras de colores entraron a un restaurante de la cadena La Pasiva, en Montevideo. Era la noche del viernes 11 de mayo de 2012. Detrás del mostrador trabajaban tres empleados de delantal, entre platos apilados y una gran olla. Uno de los jóvenes pidió una Coca-Cola. Cuando se la sirvieron, sacó un arma y disparó. La cámara de seguridad instalada en el techo dejó registro de la escena: un empleado caído, los otros rendidos y aterrorizados, y los delincuentes exigiendo la recaudación. En el suelo crece una mancha roja. Los informativos de televisión pasaron esas imágenes del asesinato de Gastón Hernández, de treinta y cuatro años, padre de cinco hijos, una y otra vez: un hecho que aumentó la indignación pública149. Dos días después apareció una mujer decapitada en una cantera en la ciudad de Pando.

Los políticos de la oposición intensificaron sus reclamos de renuncia del ministro Bonomi. Un senador propuso declarar un día de duelo nacional ante la conmoción pública. Un grupo de personas se manifestó frente a las oficinas de la Presidencia150. El domingo 20 de mayo, al final de una de las peores semanas de su gobierno, Mujica cumplió setenta y siete años. El presidente convocó a una reunión para el día siguiente con el vicepresidente, los principales funcionarios de la Presidencia y seis ministros que le eran afines: los de Interior, Defensa, Desarrollo Social, Relaciones Exteriores, Salud y Educación. A ese grupo le dieron el nombre de Gabinete de Seguridad. Se reunirían más de diez veces durante un mes, la mayoría en la sede de Defensa y en la Torre Ejecutiva, el edificio presidencial. También hubo reuniones en las casas de algunos de ellos o en la chacra del presidente. A veces sumaban a otros ministros o funcionarios. Se propusieron trabajar en secreto, sin filtrar nada a la prensa. No se comunicaban por correo electrónico, sino solo en persona. Evitaron divulgar detalles antes y después de las reuniones. Esquivaron a los periodistas y sus intentos de interceptarlos o reconstruir lo que conversaban, de una forma “muy tupa”, dicen hoy algunos de los que participaron. Al principio hubo que calmar la ansiedad. En la primera reunión algunos ministros propusieron difundir enseguida una declaración, pero el presidente se negó. Decidió que debían tomarse un tiempo para discutir qué hacer ante la crisis de inseguridad, no responder a los hechos en caliente.

La Policía informaba que el narcotráfico incidía cada vez más en el delito. Las bandas de traficantes habían adoptado el sicariato como método para resolver sus diferencias en los barrios, algo que ya era común en otros países de América Latina. Intentaban imponer dominio territorial por el miedo y las amenazas, con “plata o plomo”. Las cárceles formaban cultura y degradaban los viejos códigos que añoraban Mujica, Bonomi y Fernández Huidobro. Todos estaban de acuerdo en que se enfrentaban a un negocio con retornos económicos acordes con su altísima variable de riesgo y cuyo combate engordaba la burocracia de los aparatos represivos. Mujica recordaba una frase que había escuchado a un militar: “Ningún soldado aguanta las balas de cien dólares”. Al narcotráfico no había que combatirlo por la vía represiva sino por la económica, quitándole el mercado, opinó Fernández Huidobro. Recordó que era una postura que mantenía desde tiempo atrás y que ya había planteado a sus compañeros de gabinete y en varias columnas en la prensa. Con la prohibición, opinaba, el tráfico ilegal seguiría creciendo, como ocurrió con la ley seca en Estados Unidos.

El nombre de Milton Friedman, economista estadounidense, premio Nobel en 1976, maestro de la escuela de Chicago, teórico del liberalismo económico, salió entonces de la garganta del viejo guerrillero. Friedman había estado a favor de la legalización de las drogas durante décadas. Con drogas legales, sostenía, Estados Unidos tendría “la mitad de prisiones, la mitad de reclusos, diez mil homicidios menos al año, barrios urbanos en los que habría una oportunidad para gente pobre que viviría sin temer por sus vidas”151. En la época del surgimiento del crack, opinaba que la prohibición llevaba a la gente a consumir drogas más duras porque la marihuana era una sustancia pesada y fácil de interceptar, por lo que los precios subían y era más difícil de obtener. Había vivido la época de la prohibición y constató que era una idea “absurda” pensar que llevaba a la gente a beber menos. Al contrario, había tabernas clandestinas y guerras de gánsteres. “Cualquiera con dos ojos podría ver que fue un mal negocio, que estaban haciendo más mal que bien”. La prohibición llevaba a la violencia; en cambio, la legalización destruiría el mercado negro y bajaría el precio.

En un libre mercado normal podían entrar muchos competidores. Pero las drogas eran un negocio caro y riesgoso, que estaba en guerra permanente, por lo que solo podían sobrevivir los grandes cárteles, alimentados de millones de dólares y armados con ejércitos propios. El gobierno arrestaba a los cultivadores locales de marihuana, que eran los que oponían menos resistencia, pero las grandes organizaciones seguían vivas. “¿Qué más querría un monopolista?”, se preguntaba Friedman. El gobierno perseguía a sus competidores y mantenía alto el precio de los productos. “Es como estar en el cielo”. Fernández Huidobro no tuvo grandes dificultades en convencer a Mujica, un aficionado a la transgresión política. En esas primeras dos reuniones del Gabinete de Seguridad, a mediados de 2012, nacía un modelo alternativo al combate frontal contra la producción y el consumo de drogas. No inspirado en el concepto de libertad individual (que sí le importaba a Friedman), mucho menos en un gusto personal por el cannabis ni en afinidad con quienes lo consumían. Para el gobierno se trataba de pegarle en el bolsillo al narcotráfico.

El principal mercado de drogas ilegales era el de la marihuana y los gobernantes entendieron que no había argumentos de peso para mantener su prohibición. Criticaron el doble discurso: en el Uruguay de principios de siglo se podía comprar opiáceos o cocaína en las farmacias; ahora, por decisión política, las sustancias se seguían vendiendo pero en la oscuridad y a cargo de las mafias. Decidieron que intentarían combatir al narcotráfico quitándole su mercado más numeroso, separándolo y dejándolo bajo el control del Estado. Daniel Olesker, que era el ministro de Desarrollo Social, dice que “el eje era «ganar consumidores» para la marihuana; que la legalización fuera una barrera de entrada a otras drogas”. Fernández Huidobro redactó su propuesta en dos textos de tres carillas cada uno. Al primero lo tituló “Se necesitan dos” y en este desarrolló la idea de que el narcotráfico, como cualquier mercado, solo podía sostenerse con base en una demanda dispuesta a pagar los precios que fijaban. La guerra contra las drogas había tenido un alto costo económico y humano, la calidad de las sustancias había bajado y se habían agravado las consecuencias de su consumo.

Quienes estaban dispuestos a correr los riesgos del negocio podían ganar una “enorme reserva de mercado” y lavar sus capitales en las “exquisitas ingenierías” del sistema financiero. “El remedio ha sido mucho peor que la enfermedad. Y ha sido un ejemplo más, rotundo, de lo que sucede cuando se intentan violar ciertas leyes de la economía”. En el segundo texto, el exguerrillero propuso los pilares del modelo que imaginaba, al que llamó “estanco de las drogas”. No veía otro camino que la legalización bajo monopolio del Estado, en especial de la marihuana. El Estado debía asumir la producción, distribución y venta de cannabis por medio de estancos, dirigir y controlar el cultivo, garantizar la calidad del producto, bajar su precio y explotar la planta en todo su potencial. El consumidor, proyectó, podría acceder a la droga con un tope mensual de gramos, al registrar su identidad y presentar en los puntos de venta “los filtros usados de los cigarrillos consumidos”, aunque “para el caso de otras formas de consumo, como el vapor” se tomarían “medidas similares que demuestren que la droga ha sido efectivamente consumida”. Fernández Huidobro, adicto al tabaco, no era, sin embargo, usuario de marihuana. Por eso no sabía que el “filtro” era un indicador por lo menos impreciso del consumo de cannabis. El ministro imaginaba que para dar trazabilidad al producto y evitar problemas con otros países, la marihuana uruguaya sería “marcada en forma aleatoria mediante isótopos y códigos microscópicos de barra que permitieran conocer el lugar de expendio y la identidad del consumidor”. El precio de la hierba incluiría el pago de un impuesto, pero debía ser competitiva con el mercado clandestino. Los extranjeros sin residencia podrían adquirir la droga correspondiente al tiempo de su estadía. El cultivo para consumo personal, cuya legalización proponían algunos parlamentarios, era “incontrolable y peligroso”. El ministro propuso que Uruguay flexibilizara las normas de control de otras drogas, impulsara sus políticas en el campo internacional y denunciara los acuerdos que se le pusieran en el camino. Para Mujica aquellas conversaciones transcurrieron guiadas por un razonamiento lógico.

El origen es una cuestión de seguridad; cómo combatir al narcotráfico, cómo encontrar caminos aplicando aquel criterio de que si quieres cambiar, no puedes seguir haciendo lo mismo. Empezamos pensando en un uso controlado, a eso le dimos vueltas y desembocamos en las medidas que después empezamos a tomar. Algo que parecía medio temerario al principio empezó a resultar temerario no ensayarlo. Lo que estamos inventando en el Uruguay no tiene certificado de que va a dar resultado; lo que ya tiene certificado de defunción es lo que hemos venido haciendo. Para llevar sus decisiones al papel, el gabinete formó una comisión paralela con técnicos de distintas reparticiones del gobierno, bajo la coordinación de Homero Guerrero, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, un hombre de confianza de Mujica. La comisión recibía indicaciones del gabinete y le elevaba memorandos. Su tarea era estudiar la implementación práctica de las transformaciones que se proponía el gobierno, analizar los aspectos técnicos, redactar los proyectos de ley.

Empezaron por los de establecer un año como mínimo de reclusión para los menores de edad que cometieran delitos gravísimos, reflotar la figura de “falta” para castigar infracciones leves y reparar económicamente a las víctimas del delito. Llegaron a evaluar la idea de permitir a la Policía hacer allanamientos nocturnos en hogares en los que hubiera bocas de venta de droga, pero desistieron porque los asesores jurídicos advirtieron que la medida era inconstitucional152. También les informaron la idea de legalizar la marihuana y algunos técnicos llegaron a redactar un memorando; pero el presidente decidió al final que el tema quedara bajo la supervisión directa de Fernández Huidobro. Según recuerda uno de los integrantes de esa comisión, el gobierno les dio a entender que la legalización del cannabis ayudaba a atenuar un conjunto de medidas represivas como las que preparaban. Los gobernantes que definieron la política reconocen que la medida surgió de una discusión policíaca de parte de las autoridades encargadas de la seguridad pública, y viró hacia un enfoque social y sanitario. Y las primeras reacciones que generó fueron del mismo aparato policial. El director nacional de Policía lamentó la idea de legalizar la marihuana cuando se la comunicó en privado el ministro del Interior y cuando compareció ante el resto del gobierno para dar su punto de vista. Bonomi recuerda que “no le gustaba nada”.

El sucesor de Guarteche al frente de la brigada anti- drogas, Mario Layera, también estaba en contra. Para él era un error que el Estado se convirtiera en un “productor o traficante” de drogas. En una reunión del Gabinete de Seguridad, le dijo a Fernández Huidobro que no era correcto referirse a una guerra perdida contra las drogas. “No hay ninguna guerra cuando estás en un Estado de derecho. Nunca hubo una guerra. Si no, estarían todos los narcotraficantes muertos”. Había ido a exponer sobre la situación del narco en Uruguay y se iba con la sospecha firme de que las autoridades evaluaban el camino de la legalización. Tiempo después, Layera recibió la noticia oficial de que esa era la voluntad del gobierno. A la persona que se lo comunicó, le dijo que él ya estaba preparado; acababa de volver de Roma, donde había asistido a un curso en el cual un psiquiatra les había explicado a los policías que tenían que estar prontos para “entender los cambios” sociales. Las instituciones policiales, aprendió Layera, “son muy reaccionarias a los cambios de este tipo”, porque viven “toda una vida prohibiendo, en la que matás o te matan”, y es difícil cuando de un día para el otro “te dicen que es todo legal”.

Después de dar la pelea hasta donde pudieron, Guarteche y su equipo acataron a regañadientes la medida que tomaban sus superiores y propusieron otras medidas vinculadas a la seguridad, como la creación de juzgados especializados en narcomenudeo y en faltas. Mujica entendía ese punto de vista: el sistema represivo recibía una buena tajada de su presupuesto para la misión de combatir al narcotráfico. Sus integrantes dedicaron años a la guerra contra las drogas. “Esa gente va a pensar siempre que no hay otro camino que el represivo. Están comprometidos, siempre van a estar en contra y mirar con desconfianza. Tenemos que pechar contra eso”. La tarea de afinar los detalles de la idea del ministro de Defensa recaería en Julio Calzada, el sociólogo que décadas antes había participado de las primeras experiencias de reducción de daños y que ahora ocupaba un cargo público. Primero presentó un informe oral a los ministros. Puso en contexto el narcotráfico en el mundo, los capitales que mueve, los datos desde fines de los años noventa en adelante, las evaluaciones de la ONU, algunas experiencias legalizadoras en el mundo. Dijo que a los trescientos millones de dólares que cada año volcaba el narcotráfico no los podían manejar economías pequeñas, porque esas inyecciones de capital se verían en la inflación. El dinero se lavaba en Nueva York, en Londres, en París, en Berlín; entraba a la economía formal por los bancos, por la industria inmobiliaria. Uruguay no podía influir por ese lado. El jerarca también pensaba que la guerra contra las drogas estaba perdida y que había que elaborar otro enfoque. Empezó a pensar una propuesta de separación de mercados.

Al contrario de lo que dicen muchos críticos de la regulación, Calzada sostiene que desde el primer momento estaba claro que no era una medida improvisada ni una “cortina de humo”. Pero si bien él encabezaba un equipo especializado en drogas, los líderes políticos que proponían la legalización no tenían conocimiento específico del tema. Y al bajar a tierra la iniciativa, aparecían varias dudas. ¿Cuál iba a ser el precio de la marihuana? ¿Quiénes iban a producir? ¿Dónde la iban a vender? ¿Hasta dónde iba la regulación? ¿Cuál era el nivel de consumo aceptable en una política de reducción de riesgos y daños? ¿Cómo lo iban a controlar?

149. Subrayado, “Dos menores y un mayor procesados por crimen de
La Pasiva”, [archivo de video], Canal 10, Montevideo, 16 de mayo de 2012. Disponible en www.subrayado.com.uy/Site/noticia/12262/Dos-menoresy- un-mayor-procesados-por-crimen-de-La-Pasiva. Guillermo Pellegrino, “La inseguridad en Montevideo pasó a ser cues- tión de Estado”, Clarín , 16 de mayo de 2012, Buenos Aires. Disponible en: www.clarin.com/mundo/inseguridad-Montevideo-pa- so-cuestion_0_701330112.html

150. Uypress, “Manifestantes contra la inseguridad se congregaron frente a Presidencia”, 14 de mayo de 2012, Montevideo. Disponible en: www. uypress.net/uc_28212_1.html

151. R. Paige, “Interview with Milton Friedman on the Drug War”, Online Library of Drug Policy. Disponible en www.druglibrary.org/schaffer/ misc/friedm1.html

152. Guillermo Draper, “Con la mira puesta en los menores infractores y en la pasta base, el Poder Ejecutivo busca detener la creciente inseguridad”, Búsqueda, N.° 1667, 21 de junio de 2012, Montevideo.