Estudio Económico de las asociaciones cannábicas, desarrollo y perspectivas (2019-2020)

Desde nuestras oficinas, en Gestoría Teruel SL hemos sido testigos durante años de la evolución de este tipo de entidades, las asociaciones cannábicas. Tanta era la demanda e incertidumbre en este sector que decidimos dedicar una parte de nuestros recursos a investigar específicamente esta actividad, hasta ahora posible únicamente en forma de asociación sin ánimo de lucro.
Pese a varios intentos de regulación, todos fallidos hasta el momento, estas entidades siguen enfrentándose a una barrera legal que les impide gestionar su actividad con normalidad. Por ello, a través de varias consultas tributarias decidimos ofrecerles toda la seguridad posible, al menos en el ámbito en el que somos expertos, el económico. No todas las asociaciones cannábicas han querido adaptarse a nuestra propuesta por temas ideológicos ya que el trato que reciben como tales impide que puedan llevar sus cuentas de una forma similar a cualquier otra entidad sin ánimo de lucro.


La figura de la asociación no lucrativa es importante para entender cómo se desarrolla la actividad dentro de estos centros. Significa principalmente que, aunque son creadas por un grupo reducido de personas, la junta directiva, éstos no pueden lucrarse de dicha actividad más allá del salario que tengan para desarrollar las funciones que tienen asignadas como presidente, secretario, tesorero, etc. Por ello, con este punto dejamos claro a todos nuestros clientes, que una asociación puede ser un medio de vida, con un salario de mercado para sus creadores pero nunca un negocio lucrativo en el que obtener beneficios más allá del propio salario.
Profundizando en el sector, y para ponernos más en situación, diremos que el 70% de estos ‘clubs privados’ son pequeñas entidades, cuyos ingresos sirven única y exclusivamente para la supervivencia de las mismas, con una facturación media de aproximadamente 200.000 euros, aunque haya otras entidades que ronden los 2.000.000 euros por su tamaño o situación geográfica.


Dentro de nuestra especialidad, nos corresponde hablar de tres grandes campos, todos ellos especialmente desarrollados y perfeccionados año tras año para llevar a cabo la actividad mencionada dentro de la legalidad. Dichos campos son la fiscalidad, el ámbito laboral y la contabilidad. Vamos a intentar profundizar un poco más en cada uno de ellos para entender cómo funcionan.estudi cannabios

Fiscalidad;
Durante los últimos años hemos visto varios puntos de vista acerca de la fiscalidad de este tipo de entidades. Llegó un punto en que la incertidumbre era tal que decidimos hacer varias consultas tributarias en nombre de una selección de nuestros clientes más representativos dentro del sector para asegurarnos de que sus miembros tenían la máxima estabilidad jurídica, al menos dentro del ámbito económico. Se trata de consultas particulares hechas
directamente a las dependencias Regionales de Gestión Tributaria en nombre de todos ellos para obtener un criterio oficial de hacienda. Dicho criterio no puede ser generalizado ya que no es vinculante para aquellas entidades que no hayan hecho dicha consulta pero sí que marca unas líneas muy específicas de cómo llevar a cabo su fiscalidad y nos servirían, en caso de discrepancia con la administración, para justificar la total legalidad y transparencia, así como el comportamiento económico de la entidad.


El criterio seguido es el de cualquier entidad sin ánimo de lucro pero sujeto a las peculiaridades de las asociaciones cannábicas. Digo esto porque en este caso no se ha conseguido todavía que estas entidades sean de utilidad pública según se describe en la ley 49/2002 de 23 de diciembre (BOE). Por ello, no podemos considerar que estén exentas en su totalidad de las actividades que desarrollan ni que se beneficien de los incentivos fiscales para este tipo de entidades.
Así pues, las asociaciones cannábicas, al menos des del criterio de la administración, deben tributar parcialmente tanto en IVA como en Impuesto de Sociedades.


Normalmente las asociaciones sin ánimo de lucro tienen las cuotas de sus asociados exentas de tributación en los dos impuestos mencionados anteriormente siempre que sus objetivos no comerciales se definan en sus estatutos y el servicio sea equitativo entre todos sus socios. Sin embargo, estas entidades tienen, y cito textualmente a la administración, ciertas actividades ‘cuya finalidad es la satisfacción del interés particular o individual del miembro receptor del servicio’. Es decir, cada asociado tiene unas necesidades de consumo distintas y por lo tanto aporta una cantidad distinta para cubrirlas.
Podemos diferenciar entonces, dos tipos de actividad distintas en este ámbito; las destinadas a ofrecer un mismo servicio informativo, de participación en la entidad y de ejercer el derecho a la participación y al consumo particular a través de la asociación, lo que llamamos cuotas de mantenimiento o de membresía, y las destinadas al consumo particular según las necesidades de cada usuario.


Las primeras no tributarán ni en IVA ni en Impuesto de Sociedades. Las segundas, que representan aproximadamente el 85% de los ingresos de las mismas, lo harán con un 21% de IVA y un 25% de Impuesto de sociedades. Así pues, debemos tener especial cuidado en la distinción de las mismas, entrando en todos los detalles y particularidades que implica esta actividad, ya de por sí, más arriesgada que la de cualquier otro tipo de asociación debido a lo que implica legalmente el producto ‘comercializado’. A modo ilustrativo diremos que aproximadamente un 90% de las asociaciones que gestionamos han decidido aplicar este criterio, pese a que el pago de los impuestos, sobretodo del IVA, es sustancialmente más alto que al de cualquier otro tipo de sociedad o actividad debido a los motivos que explicaremos más adelante.
Sólo en IVA, las asociaciones ingresan aproximadamente un 15% de sus ingresos. Una media de 40.000 euros anuales, aunque en algunos casos puede llegar hasta los 250.000 euros anuales, dependiendo del tamaño de la entidad. Otras cifras importantes en cuanto a la fiscalidad se refiere, son los IRPF salariales y los IRPF derivados de los alquileres, en la mayoría de los casos muy altos y con un gran coste de mantenimiento.


Ámbito laboral;
La situación laboral de este tipo de entidades también es algo compleja principalmente por las normas y los riesgos laborales que implica para sus trabajadores. Por ello, desde Gestoría Teruel siempre recomendamos tener actualizada la protección de dichos riesgos con alguno de nuestros proveedores especializados.

Además, algunas de estas entidades utilizan un método de trabajo poco habitual y desde nuestro punto de vista un tanto conflictivo, el voluntariado. Cabe decir que un voluntario no es un trabajador, no puede cobrar y tampoco cotiza en la Seguridad Social. Cualquier asociación que sea llevada de forma totalmente desinteresada por parte de sus miembros y dónde estos no cobren nada por parte de la misma, podrían estar encuadrados dentro de este sistema de autogestión ‘comunal’ pero siempre siguiendo al pie de la letra estos requisitos. Sin embargo, pocos son los casos dónde puede aplicarse este sistema.
La mejor forma de llevar a cabo esta actividad es mediante un sistema de trabajo tradicional, salarios de mercado y cotizaciones a la seguridad social. El coste en seguridad social es importante, como en cualquier otro tipo de negocio. Podríamos decir que supone aproximadamente un 34% del salario bruto de cada trabajador pero da una seguridad y estabilidad a los mismos que no es posible de cualquier otro modo.

Los salarios son la parte más costosa de la mayoría de asociaciones. Un salario medio de un trabajador en una asociación supone unos 1.200 euros brutos mensuales, con el consecuente coste en seguridad social, 400 euros aproximadamente. Teniendo en cuenta que una asociación pequeña tiene una media de dos trabajadores y medio, y una asociación mediana de unos siete trabajadores, el coste mensual de las cotizaciones sociales es uno de los principales costes de mantenimiento de estas entidades. Ingresando una media de entre 30.000 y 100.000 euros anuales al estado en concepto de Seguridad Social, dependiendo del tamaño de la las asociaciones de la muestra.

Cabe decir, en este ámbito, que las asociaciones tienen como principales trabajadores a sus miembros de la junta directiva, con sus particularidades según la Comunidad Autónoma en las que estén ubicadas, sobretodo en un inicio. Estos sí que son habitualmente voluntarios cuando la actividad no es lo suficientemente grande como para asumir salarios y dado que en este tipo de entidades incluso los promotores de las mismas cotizan en régimen general, puesto que por su forma jurídica ellos no son propietarios de las mismas, simplemente cargos al servicio de dichas entidades. No obstante, alcanzado cierto tamaño, la inmensa mayoría de ellas asumen dichos costes y establecen un salario de mercado acorde con las actividades y responsabilidades de cada empleado, incluso los mismos miembros de la junta directiva.

Contabilidad;
Este puede parecer un aspecto poco importante pero en realidad en la contabilidad es dónde se reflejan todas las peculiaridades descritas anteriormente y sin ir más lejos, dónde vemos claramente la acusada represión que sufren muchos de nuestros clientes debido a la inestabilidad legal y la falta de regulación de sus actividades.
La afectación de esta inestabilidad se plasma claramente por ejemplo en la deducibilidad de ciertos costes que, con mucha frecuencia, las asociaciones no nos dan para contabilizar como puede ser alquileres de local dónde se encuentra su cultivo colectivo, traspasos de material y existencias entre asociaciones, gastos en fertilizantes, luz, agua, y un largo etcétera que no son declarados por miedo a la localización, puede que no fundamentada pero perfectamente lógica, de sus principales fuentes producción.
La falta de dichos apuntes hace que sea muy difícil llevar a cabo una contabilidad estricta y que en muchos casos este tipo de asociaciones se vea duramente discriminada para poder llevar a cabo sus actividades como cualquier otra asociación normal, suponiendo un coste extraordinario en impuestos y tasas así como induciendo a unos balances a veces poco representativos de la realidad.

estudio consumo cannabis 1

Conclusión e impacto económico de la regulación estatal en el sector;
Cada vez más, las asociaciones optan por la seguridad económica que implica la declaración de impuestos, seguros sociales y tienden a la legalización total de sus actividades. Los ingresos que actualmente percibe, tanto hacienda como la Seguridad Social superan ya a los de muchos otros sectores minoritarios y la tendencia es al alza.
Sin embargo, la falta de regulación del sector hace que sea muy difícil subsistir a estas entidades. Esto puede provocar que muchas asociaciones cannábicas decidan no pagar dichos impuestos, no contratar correctamente a sus trabajadores y ocultar ciertos gastos recurrentes que de otro modo, con una regulación como la que se viene aplicando en otros países, tanto de la UE como de fuera de la misma, contribuiría a eliminar una economía sumergida muy potente, como ha pasado recientemente en California por ejemplo. El crecimiento de este mercado es inevitable pero depende únicamente de la regulación que se haga de forma segura.
Para hacer una estimación objetiva de las implicaciones de tal regulación nos hemos basado en un informe anual actualizado al ejercicio 2019 por el Observatorio Europeo de las Drogas y Toxicomanías (EMCDDA)traducido y publicado por la Delegación del Gobierno de España y el Instituto Nacional de estadística (INE) respectivamente . Podemos tener acceso al informe completo en el siguiente enlace;
http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/11353/spain-cdr-2019.pdf

Según este informe oficial, un 18,3% de la población de entre 15 y 64 años ha consumido cannabis durante el año 2019. La muestra poblacional por lo tanto para este estudio es 30.700.225 personas en nuestro país. Esto supondría un total de 5.618.141 consumidores.
No obstante, para ser todo lo objetivos y prudentes que podamos, consideraremos que sólo el 4,5% de la población es consumidora habitual de este producto. Dicho porcentaje podría ser mucho mayor si consideramos la afluencia de consumidores ocasionales y diarios que, como hemos podido comprobar en nuestros estudios en los centros, acuden a las asociaciones cannábicas para cubrir sus necesidades.

Teniendo en cuenta también que el consumo medio es de 100 euros mensuales por miembro, implicaría un consumo mensual de 138 millones de euros mensuales (138.151.012 euros), lo que elevado al ejercicio completo supone más de 1.657 millones de euros (1.657.812.144 euros).


Siguiendo entonces la aplicación del criterio de la administración, por el cual dichas entidades deben tributar por IVA (21%) e Impuesto de Sociedades, hablamos de unos ingresos recurrentes de casi 350 millones de euros sólo en concepto de IVA sin tener en cuenta el 13,8% de la población restante, considerados consumidores ocasionales, cuyo consumo medio se estima en 13,33 euros mensuales (lo que aportaría un incremento a dichas cifras hasta más de los 1.800 millones de euros).
La regulación del sector además, reclama que este producto sólo pueda ser adquirido mediante estos centros (o centros privados autorizados siguiendo el mismo modelo de negocio que se ha implantado en otros países) de modo que permita suprimir definitivamente el ‘mercado negro’ y aflorar la mayor parte de la economía sumergida que ataca a este sector.


Dichas medidas implicarían también otros beneficios sociales como podrían ser la creación de empleo (en la mayoría de los centros hemos observado una alta implicación para la ocupación de personas con ciertas discapacidades) con el gasto, también recurrente, en Seguridad Social que hemos comentado anteriormente (estimamos que unos 20 millones de euros basándonos en las cifras de nuestro estudio, contando que cada consumidor debe estar asociado a una entidad y que el número de asociados activos y ocasionales de cada asociación es de unos 500 miembros).

En este sentido podemos estimar que la creación de puestos de trabajo directamente relacionados con la actividad asociativa podría ser de más de 50.000, esto implicaría porcentualmente, unos 7.200 puestos en Madrid, unos 8.100 en Cataluña y más de 2.300 en el País Vasco. Un dato que se ve incrementado exponencialmente si tenemos en cuenta la actividad generada por las industrias derivadas de la misma (agricultura, investigación, comercialización de derivados, uso terapéutico y un largo etcétera) en cuyo caso llegaría fácilmente a duplicar dicha cifra en el corto plazo tal como veremos en el siguiente punto. Impacto económico de la legalización en otros países;
Hemos decidido tomar como ejemplo tres de las regiones más representativas dónde se ha llevado a cabo la legalización del cannabis en los diferentes sectores. En todas ellas bajo criterios distintos que no entraremos a valorar en este estudio, aunque sí analizaremos el impacto macroeconómico generado en cada campo destacando en cada caso las que se han visto más afectadas. Dichas regiones son California, Canadá e Israel.

demanda anual cannabis

Estado de California;
Según un estudio publicado por ICF titulado ‘The Economic Impact of Marijuana Sales in the State of California’ se estima que la demanda anual de este producto ascendió en 2014 a 1.301.834.686 gramos al año bajo un escenario de baja demanda hasta 1.654.793.278 gramos por año en un escenario de mayor demanda entre los residentes.

En este escenario, y teniendo en cuenta que el precio del producto puede duplicar su valor al estipulado en el mercado no-legal, se estimaron unos ingresos anuales por ventas de entre 15.880 y 20.186 millones de dólares.
Aplicando un tipo impositivo al consumo del 7,5% (recordemos que nuestro IVA sería del 21%), los ingresos para el estado serían de entre 1.191 y 1.514 millones de dólares. Con un tipo impositivo del 15% duplicamos esas cantidades.
No obstante, lo realmente sorprendente de este estudio es el impacto directo, indirecto e impacto inducido que tendría la legalización sobre otras industrias primarias, tanto en creación de empleo como en valor añadido e incremento de la actividad industrial. La siguiente tabla esta expresada en Billones de dólares.

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Canadá;
Otro artículo publicado por Prachi Juneja, nos ilustra sobre los diferentes impactos socioeconómicos que se prevén de la legalización de cannabis en Canadá. En él nos explica cómo la demanda de este producto se estima entre los 5 y los 8 billones de dólares por año, cifras que antes no estaban consideradas dentro de la economía del país y ahora, al emerger este mercado que antes era ilegal, pueden ser anotadas. El criterio de fijación de impuestos de las autoridades canadienses se basa en la repercusión al consumidor de un dólar por gramo consumido o un 10% del valor de venta (el mayor de ambos), lo que supondrá entre 500 y 800 millones de dólares anuales con la consecuente contratación y tributación de muchos nuevos puestos de trabajo.
Otro punto a favor de esta media sería el impacto sobre la reducción de gasto gubernamental dedicado a la prevención y control de este producto. La prácticamente desaparición de bandas ahorrará al gobierno canadiense una importante inversión, tanto en control de dichos colectivos como en costes carcelarios y posterior rehabilitación de los presos.
El efecto sobre el turismo en este caso es también un aspecto a destacar en todos aquellos países en el que se ha producido esta legalización del cannabis. Aunque las cifras son difícilmente estimables, el efecto del turismo de la cultura del cannábis, que permite consumir este producto a los visitantes que en su país de origen todavía se considera ilegal, no puede pasar desapercibido.
Finalmente, el autor nos explica también el efecto que puede llegar a tener la legalización sobre el sector inmobiliario. Los beneficios de este sector se derivan, tanto de la creación de nuevos negocios, alquiler y venta de locales comerciales y zonas de cultivo como del incremento del alquiler de viviendas destinadas al del turismo creciente mencionado con anterioridad.


Israel;
No sería prudente cerrar este estudio sin mencionar dos de los mayores campos en los que avanza actualmente este movimiento como son la investigación (I+D) y el sector sanitario.
Israel es el ejemplo perfecto para ambos sectores. El Gobierno de este país también avanza lentamente hacia la descriminalización de esta planta como uso recreativo, sin embargo se caracteriza por el gran apoyo e inversión destinada a la investigación del cannabis y su aplicación en el ámbito medicinal. Hasta ahora, más de 40 mil pacientes están registrados para el tratamiento de diferentes dolencias, entre ellas el trastorno por estrés postraumático, el cáncer, la epilepsia y Párkinson.
Según estimaciones del gobierno Israelí, el mercado mundial del cannabis medicinal alcanza alrededor de 27.000 millones de dólares anuales. Siendo pioneros en este sector, el parlamento israelí aprobó a finales de 2018 una decisión para que pueda ser efectiva la exportación a países donde su uso esté permitido. Esta medida se espera que atraiga una cantidad importante de inversores extranjeros que ya centralizan en este país las principales compañías farmacéuticas tecnológicamente más avanzadas en este campo. Además, juntamente con la apertura de la primera incubadora de Start-ups con financiación pública destinadas al cannabis medicinal, la autoridad de innovación ha decidido invertir en ella 43 millones de dólares en los próximos cinco años. En la Bolsa de Tel Aviv, la capitalización del mercado de las empresas dedicadas a esta industria ha alcanzado este último año inversiones millonarias, múltiples empresas comercializan el producto y este se ha convertido en un sector en crecimiento con grandes posibilidades de expansión.

Cada región de las analizadas ha utilizado perspectivas diferentes para enfocar la regulación y legalización del sector del cannabis. Sin embargo, podemos concluir que todas ellas lo han hecho con un fin común, dejar paso a una nueva tendencia social que ha adquirido mucha fuerza en la última década y que no carece de aplicaciones positivas en el ámbito de mejora en la calidad de vida, sin olvidar el impacto sanitario y económico al minimizar la criminalización del sector aflorando al mercado gran parte de la economía sumergida en busca de un bien común, ya sea atrayendo la inversión extranjera, grabando la comercialización del producto o potenciando la creación de empleo. Es un hecho que cada vez más países se suman a este movimiento y podemos estar frente a un cambio en este sector que dará un poco de luz y seguridad jurídica a los usuarios, entidades y por qué no, también a la administración en cuanto a que todas las partes podrán saber cuál es el marco de actuación a seguir en una, cada vez mayor, actividad social que lleva años inmersa en nuestra cultura y que se ha ganado el reconocimiento de la sociedad.

Pau Teruel Moral
Economista y socio de Gestoría Teruel SL

Nota de Redacción: En Dolce Vita han publicado una entrevista con Pau Teruel en el que explica como ha realizado el estudio. Muy interesante para conocer la metodología empleada. Recomendamos su lectura, podéis encontrarla en este enlace: https://dolcevitaonline.es/2020/05/entrevista-a-pau-teruel-autor-del-estudio-economico-sobre-asociaciones-cannabicas/

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