España. Policías contra la prohibición

Aunque estemos en el siglo XXI y pensemos que formamos parte de una sociedad muy avanzada en derechos y libertades, aún carecemos en España de la madurez democrática suficiente para poder plantear con garantías el cambio de políticas en determinados temas. El “cainismo” de la España de los “malos hermanos” impide que se pueda llegar a consensos en materias que deberían trascender al confrontado y dual posicionamiento ideológico tradicional.

Pero uno de los debates que tiene gran relevancia social y que actualmente está visibilizándose en mayor medida y escapando a dicha confrontación es el de la idoneidad de la legalización de las drogas, y más concretamente de los productos derivados del cannabis.

Personas de todo tipo y condición, de todos los estratos sociales y profesiones consumen hoy en día dicha planta tanto para uso medicinal como recreativo. Y para ello tienen que verse relacionados en algunos casos con un submundo criminal para su obtención o en ser criminalizados por consumir una sustancia que sin lugar a dudas (demostrado científicamente) es inocua en comparación a otras drogas legales como podría ser el alcohol.

En España hay personas que en los inicios de la Transición (finales de los años ochenta y principios de los noventa), en ese ambiente que se respiraba de cambio y logro de derechos, se definieron como activistas en pro de la legalización de las drogas, y más concretamente en impulsores de la llamada Liga Internacional Antiprohibicionista.

Entre ellos se encontraba la actual Alcaldesa de Madrid y magistrada en aquel momento Manuela Carmena, que formó parte de la Plataforma Alternativa sobre las Drogas (PAD), que en el año 1988 se presentó ante la opinión pública pidiendo la legalización de los productos derivados del cannabis. Una plataforma entre la que se encontraban miembros de la Policía.

Un policía nacional destacado activista pro legalización fue el inspector y uno de los dirigentes del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez García, fundador junto a distintas figuras (entre ellos el premio Nobel Milton Friedman) de la Liga Internacional Antiprohibicionista, que encabezó la lista en el año 1989 del Partido Antiprohibicionista en España (el manifiesto de apoyo de dicha candidatura fue respaldado por los filósofos Fernando Savater y Antonio Escohotado, los literatos Fernando Arrabal, Vicente Molina-Foix, Luis Antonio de Villena y Julián Marías, entre otros) y que fue vanguardia progresista en cuanto a la lucha por los derechos en este país.

El dirigente sindical policial se mostró reticente en un principio a aceptar la designación en cuanto a encabezar la lista del partido pro legalización debido a un hipotético rechazo del electorado, que supuestamente no entendería que un funcionario de la Policía abrogara por la legalización de la droga. Temía que se confundiera su posición como favorecedora del consumo cuando esto no era así sino que estaba en contra de la ineficaz política prohibicionista.

Fue el primer funcionario del Cuerpo nacional de Policía en defender públicamente la legalización de las drogas, lo que hizo en una extensa entrevista en un rotativo madrileño y en el programa de televisión Tribuna Popular, en el que el “Jurado”, que inició sus debates con una postura de 10 votos contra 1 en contra de la legalización, terminó una hora y media después con un veredicto favorable a la despenalización por el mismo porcentaje de votos.

En esa misma línea y tomando el testigo de tan importante lucha se encuentra José Manuel Sánchez Fornet, máximo responsable del SUP durante más de 20 años y que ya en el año 1989 fue autor de una ponencia a favor de la legalización en la que señalaba entre otros aspectos que:

“Legalizar no es rendirse ante el crimen organizado, sino combatirlo con un método que consideramos eficaz, como es acabar con la circunstancia que origina los inmensos beneficios, que no es otra que la prohibición”. “Creemos que la legalización” añade el texto de la ponencia, “acabaría con el tráfico y con las mafias organizadas”, y, por el contrario, considera que la represión y las medidas discriminadoras han demostrado su “inutilidad”. “Ningún indicio hace pensar que no continúe el agravamiento de la situación con el endurecimiento de las medidas sancionadoras”.

“Por ello se debe entender como lógico plantear el abandono del modelo exclusivamente represivo e intentar su control social y sanitario, buscando fórmulas que acaben con el drama de los drogadictos, impidan la delincuencia que genera el prohibicionismo y acaben con el creciente poder de las bandas criminales que se sustentan en el mismo”. La ponencia finalizaba con una serie de medidas sociales, policiales, judiciales, económicas políticas y sanitarias.

Actualmente el ex líder sindical y actual máximo responsable del Observatorio Contra la Corrupción (OCC) ha hecho una exposición de la hipocresía de la fracasada lucha contra las drogas en España, en un reciente artículo de su autoría en el diario digital el Confidencial Andaluz (En el siguiente enlace: http://www.confidencialandaluz.com/combatir-las-drogas/) donde deja de manifiesto que el compromiso a lo largo de los años se mantiene intacto.

Y es que en la lucha contra las drogas el que los agentes sociales de control que se dedican a la represión de su tráfico por mandato legal, se signifiquen como valedores de una legalización y regularización es un paso muy importante para atajar el problema. No es necesario decir que dicho compromiso y hacerlo público provoca recelos en un colectivo conservador a este tipo de planteamientos.

Pero es que la legalización además de ser positiva por eliminar la criminalización de la ciudadanía, acabar con las redes criminales, proteger la salud de la población con el control de calidad y trazabilidad del producto, podría ser un recurso económico para las arcas del Estado y abriría un nicho de mercado importante con la consiguiente creación de empleo regulada. Y dicha posibilidad de apertura de mercados debería ser atractiva a la derecha liberal y menos conservadora. De hecho el que en EEUU se estén dando pasos muy importantes, como en California o Colorado, responde más bien a este paradigma económico.

Ya en el año 1994 el empresario italiano residente en España y miembro de la Liga Internacional Antiprohicionista Antonio Contardo dijo en un artículo de El País: «La legalización de las drogas parecería en un principio una bandera lógica en la izquierda, por la tradición a favor de la libertad. Pero la derecha económica es la que debería estar más interesada, porque la situación actual perjudica el mercado, que hoy debería ser absolutamente liberal, sin trabas. Ahora, la droga transfiere unos recursos, económicos increíbles a las manos del crimen organizado. Y hay zonas del mundo, como Colombia o Sicilia, donde la legalidad democrática ya ni existe. En Estados Unidos hay síntomas esperanzadores, como el hecho de que la Fundación George Soros, absolutamente ultraliberal, apoye iniciativas conectadas con la IAL».

Pero en ese mismo artículo el demonizado torticeramente por el sistema, prestigioso filósofo y divulgador sobre las drogas Antonio Escohotado hacía una mención con plena vigencia actual del porqué en España la derecha estaba en contra de la despenalización: “Porque es aún una derecha clerical, llena de mustios eunucos. No tienen idea de lo que hablan cuando hablan de drogas. Estamos en una histeria de masas, igual que las persecuciones a las brujas o a los judíos. Pero es un problema ridículo, porque hoy se compra droga en cualquier parte, por muy prohibida que esté. Todo el mundo sabe que la heroína cuesta 4.000 pesetas el gramo y que la cocaína mala sale a 16.000, y se sabe dónde comprarla. La derecha se empeña en que legalizar sería connivencia con los narcotraficantes: es como decir que a Al Capone le convenía que se acabase la ley seca».

A lo dicho por Escohotado el filósofo Fernando Savater coincidía en que: «La derecha española sólo es liberal en lo económico, para no pagar impuestos. En lo demás es retrógrada».

A día de hoy en España, haciendo un pequeño análisis y cálculo a grosso modo, podría demostrarse el ahorro de muchos millones de euros que la despenalización y regulación supondría.

Según el último Anuario estadístico del Ministerio del Interior del año 2014 en España el número total nacional de población reclusa ascendía a 65.017 personas. De ese número, 13.066 reclusos se encontraban cumpliendo condena por delitos Contra la Salud, que en su gran mayoría refieren a los delitos de la lucha contra la droga. Hay que decir que tras los reclusos por delitos Contra el Patrimonio y el Orden Socioeconómico, son el colectivo presidiario más numeroso.

Si se tiene en cuenta que según instituciones penitenciarias el coste medio de cada recluso supone 65 Euros al día (en este cálculo ponderan gasto del recluso, de personal, edificios, etc.) este coste diario supone alrededor de 1.950 euros mensuales. Pues si se hace el cálculo anual por el número de la población reclusa por delitos Contra la Salud en el año 2014 estaríamos hablando de una cifra por encima de los 305 millones de euros. Imaginen si a esa cantidad se le sumara el coste sanitario, medios represivos y sociales anexos a la prohibición y a su vez se hiciera una media de todos los años desde que existe la prohibición. Las cantidades son de vértigo y requieren una solución beneficiosa para la sociedad en la que vivimos.

Y dicha solución requiere que aunando los distintos intereses y perspectivas sociales y su reflejo representativo en los partidos políticos y asociaciones que vienen reclamando la legalización, se llegue a ese punto intermedio que satisfaga a todos. Y mientras tanto, aprovechando la inercia positiva a la legalización que poco a poco va calando y fructificando en distintos lugares del mundo, veamos materializada esa pretensión tan justificada a todos los niveles de que, al menos respecto al cannabis y sus productos derivados, nos alejemos de la hipocresía y podamos disfrutar en España de una legislación favorable y garantista para la Ciudadanía.

Fotos: Archivo personal J.M.S.Fornet

Texto: Luís Miguel Lorente Moreno. Todos los derechos reservados

Luís Miguel Lorente Moreno (1977 Palma de Mallorca, España) Licenciado en Criminología por la Universidad de Alicante y Oficial de Policía. ingresó en el Cuerpo Nacional de Policía hace 13 años. Residente en Alicante, ha pasado por distintas brigadas operativas aunque la mayoría de su carrera la ha desempeñado en Policía Judicial, en grupos de investigación donde se ha especializado en crimen organizado, blanqueo/corrupción y actualmente en la delincuencia violenta. Es integrante de la Orden al Mérito Policial y poseedor de más de 100 felicitaciones por distintos servicios, entre ellos algunas investigaciones e intervenciones muy sonadas en todo el país. Activista social implicado en labores sindicales de manera muy significativa, ha colaborado estrechamente con distintas ejecutivas nacionales. Miembro fundador y de la Ejecutiva Nacional del Observatorio de la Ciudadanía Contra la Corrupción. Ha participado en diversas plataformas y redes de denuncia entre las que se encuentran la Plataforma CAM de denuncia contra la estafa de las preferentes o el proyecto internacional “Human Library, comparte tus prejuicios y rompe tus estereotipos” dónde ha podido de manera directa ofrecer una imagen distinta y cercana del colectivo policial.