Política de drogas fallida. La criminalización no tiene base científica

La Reforma es inminente pero tendrá que esperar: estado actual de los acuerdos globales en política de drogas

El día 22 marzo de 2016, casi un mes antes que se celebrará la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de Drogas 2016 (UNGASS 2016), la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas divulgó un documento preparativo para dicho período extraordinario de sesiones (1). En él, a pesar que se admite que la guerra contra las drogas como estrategia de control de consumo de sustancias ha generado costos sociales muy altos y se plantea la necesidad de reformar el actual sistema de fiscalización, recomienda que la discusión respecto al plan de acción que deberá operar para implementar la reforma se llevará a cabo recién durante la sesión agendada para el año 2019, tal como estaba antes prevista. La presión de países donde la crisis geopolítica roza el desastre, como México, Guatemala y Colombia, por adelantar la discusión quedó en solo un reconocimiento público de la problemática, mas no se tradujo en un avance significativo en el tema (2). Así también concluyó el informe de la Comisión Global de Drogas emitido 2 años antes (3). En dicha ocasión ya se recomendaba implementar distintas medidas de regulación legal para el consumo y producción de drogas, priorizando la Cannabis, Hoja de Coca y otras sustancias psicoactivas nuevas. Se realiza un llamado a los estados a recuperar el control del consumo de sustancias mediante el establecimiento de medidas regulatorias no prohibicionistas, respetando el actual régimen de control de estupefacientes, establecido hace ya 5 décadas (4) en la Convención única de estupefacientes de 1961, y en la que reconoce el acceso garantizado para usos terapéutico y científico de todas las sustancias.

Delitos no violentos en torno al uso de sustancias

Figura 1 Texto 02 - Criminalización sin base científica XPSA [501181]Evidentemente, una de las problemáticas más complejas en política de drogas es la criminalización de las actividades en torno al consumo de sustancias. Se describe que la tendencia global es que el 15% de los hombres en prisión se encuentran ahí por causas no violentas asociadas a ilícitos por ley de drogas (como consumo y microtráfico), mientras que por las mismas causas en mujeres esta cifra es bastante mayor, cercana al 25%, y va in crescendo en el tiempo. De hecho en Estados Unidos, entre los años 1985 y 2014, la población penal femenina por ofensas a ley de drogas aumentó en un 800% (5).

En 2014, Corina Giacomelo describe que gran parte de la población penal femenina por crímenes no violentos relacionados con ley de drogas en Latinoamérica corresponden a mujeres en condiciones de alta vulnerabilidad social, y pueden llegar a ser castigadas duramente bajo las directrices de la mal llamada “Guerra contra las drogas”, dado que en esta guerra el enemigo no son las sustancias sino que los usuarios de ellas (6). En la mayoría de los casos las mujeres cumplen un rol pasivo en ilícitos de drogas, ya sea como consumidoras, microtraficantes o transportadoras de pequeñas cantidades (7). De las mujeres detenidas en México, casi todas están ahí por primera vez, y el 92% de ellas es por crímenes no violentos (8). En Argentina, casi 30% de mujeres están detenidas sin juicio previo durante 1-2 años, y 12% por más de 2 años (6). Por supuesto que casi la totalidad de esas mujeres, es madre de uno o más niños, cuya situación de vulnerabilidad biopsicosocial ahora se lleva al extremo al desintegrar estos frágiles grupos familiares, extendiendo y perpetuando el problema.

Históricamente, las agendas legislativas han sido conducidas por convicciones personales que más tienen que ver con aspectos morales del problema que con la evidencia científica que describen estos fenómenos sociales. Sumado a lo anterior, no podemos ignorar que los mecanismos de aplicación de la Ley también están sujetos al criterio de quien las implementa. Cuando este criterio está embebido en dogmas morales, la regulación se convierte rápidamente en persecución. Esto se hace manifiesto por ejemplo, al observar que a pesar que el consumo y tráfico de drogas ocurre con la similar frecuencia para distintos grupos raciales y étnicos, la criminalización por ambos hechos es bastante más presente en mujeres latinas y negras que en mujeres caucásicas (7, 9) ¡Pero claro, cómo no! Es justamente el efecto de la implementación de mecanismos sesgados, que nacen desde el egoísmo moral prohibicionista para controlar el comportamiento a través del miedo. Esto no está a la altura de la sociedad actual. Medidas como estas ya no son aceptables y punto.

Percepción de riesgo versus Riesgo real

Hoy, los ciudadanos del mundo exigen que se considere la evidencia extraída desde experiencias pasadas, que se valoren las observaciones científicas disponibles desde todas las áreas del conocimiento para decidir el mejor camino a regular para todos, y no sólo para unos pocos. En este sentido, no podemos sino recordar el estudio Carga Mundial de Morbilidad (Global Burden Disease 2010) de la Organización Mundial de la Salud (10), donde 207 investigadores evalúan 291 enfermedades y 67 factores de riesgos para ellas en habitantes de 21 distintas regiones alrededor del mundo. En esta investigación es posible observar que el factor de riesgo número 1, el más significativo para la salud/enfermedad de las personas es padecer de hipertensión, seguido de ser fumador de tabaco y ser consumidor de alcohol (Figura 1). En el puesto número 5 de factores de riesgo de morbilidad encontramos las dietas bajas en fruta, en el puesto número 10 encontramos al sedentarismo, en el número 14 se encuentra haber sido amamantado durante un período menor al óptimo, y en el puesto número 19 de los factores de riesgo que merman nuestra salud se encuentra el consumo de drogas ilícitas, de todas ellas. Es decir, hay 18 factores de riesgo más relevantes que el consumo de sustancias ilícitas para la salud de las personas. Sin embargo, la “Guerra contra las drogas” se lleva miles de millones de dólares de fondos públicos cada año, que de acuerdo a la evidencia global ya sistematizada, deberían ser distribuidos para implementar medidas de control de las 18 causas anteriores también.

Por si fuera poca la inconsistencia entre Evidencia Científica y Políticas Públicas de Drogas, en el año 2013 el grupo liderado por Louisa Degenhardt evalúa la contribución en particular de consumo de Cannabis en la morbilidad global (11), logrando describir que: i) Los dependientes de cannabis representa al 5,5% del total de los consumidores dependientes de sustancias (Figura 2); ii) Su consumo no se relaciona con mayor prevalencia de enfermedades mentales como esquizofrenia; y que iii) Sólo un 0.2% de la población total del mundo (incidencia de la dependencia a cannabis), equivalente a un 10% del total de los consumidores habituales de cannabis, son dependientes a cannabis, concentrando ese riesgo en ciudadanos de países con ingresos per cápita más bien altos (Nueva Zelanda, Canadá, Inglaterra, Países bajos, etc). A modo de referencia, recordemos que el 25% de la población padece hipertensión, el factor de riesgo número 1 de morbilidad global (Figura 1), y hasta ahora no veo ningún departamento de estado montando una “Guerra contra la sal de mesa” ni persiguiendo al “Cartel del salero”.

Desde trabajos científicos de diferentes grupos de investigación, la evidencia sugiere que los riesgos asociados al consumo de cannabis sativa son leves, en parte debido a su baja toxicidad, en parte porque su tolerabilidad es reversible, y en parte también porque su poder adictivo es bajo (12). Como lo habíamos comentado, del total de los usuarios de cannabis sólo el 5,5% genera algún tipo de dependencia la sustancia, que está correlacionado con hábitos de consumo diario, crónico y de altas dosis. Al contextualizar dicho porcentaje en una escala global, su valor corresponde al 0.2% de la población mundial, valor que se ha mantenido invariable durante los últimos 25 años. Lo anterior evidencia que la epidemiología de los desórdenes de uso de cannabis, también llamados dependencia a cannabis, es consistentemente baja (12).

A modo de cápsula curiosa: De acuerdo al registro de patrones de consumo de bajas (0.2g/día) y altas dosis (12g/día) (12), es posible proyectar que para cubrir el consumo de una persona es necesario considerar el cultivo de superficies de hasta 10 m2, lo que podría considerar el cultivo de hasta aproximadamente 50 plantas de cannabis sativa por año por persona. Esto sin considerar el uso como fuente alimenticia, donde el número de plantas es irrelevante dado que en muchos casos es simplemente incontable (cáñamo industrial).

Reformas en las Políticas de control de consumo

Figura 2 Texto 02 - Criminalización sin base científica XPSA [501182]El mercado negro de sustancias controladas, legales e ilegales, es un problema de gran magnitud y con implicancias geopolíticas profundas, por lo que lo debemos poner énfasis en su combate. Pero como sociedad debemos reflexionar y aprender de las experiencias pasadas para distinguir las estrategias que han sido exitosas de las que han sido ineficaces. Este análisis se debe realizar basándose en la evidencia disponible, en los logros y retrocesos que han acompañado el actual sistema de fiscalización de estupefacientes. La persecución de ciudadanos, que en pleno derecho buscan el autoabastecimiento como una forma alternativa de acceso a las sustancias y que de otro modo sólo se encuentran en el mercado ilegal, no ha logrado disminuir el consumo de sustancias ni menos la magnitud de este mercado ilegal y solo pone una carga extra a un sistema de aplicación de justicia ya sobrecargado. Inclusive, tampoco hay evidencia que demuestre que el autocultivo personal reduzca el mercado negro, solo los modelos que han incluido la regulación del uso no médico de la cannabis (producción y venta, con o sin lucro) han visto avances en esos ámbitos. Si no nos hacemos cargo del acceso a las sustancias para todo aquel que lo requiere, el mercado negro seguirá operando como el gran ente decidor del abastecimiento.

El fenómeno que sí se observa con mayor robustez es que al regular el acceso a cannabis, su consumo se controla. La experiencia de Portugal entrega evidencias que así lo demuestran claramente (13). Y este año se registró la misma tendencia de baja al consumo de cannabis como respuesta a la implementación de políticas de regulación del acceso a cannabis, al estudiar niños y adolescentes (representando a uno de los grupos de mayor riesgo) en Estados Unidos entre los años 2003 y 2010 (14).

A pesar que la evidencia global nos señala desde al menos un septenio atrás que la guerra contra las drogas solo aporta dramatismo al problema, tendremos que esperar hasta el año 2019 para que quienes construyen los caminos se dignen a definir los mecanismos para implementar nuevas políticas… que terminen de negociar, de “repartir la torta”… pues al final del día, en esta sociedad las políticas no se escriben de acuerdo a la evidencia disponible para conseguir el bien común, sino de acuerdo a la evidencia de lo que es más conveniente para unos pocos.

REFERENCIAS

  • (1) : Consejo Económico y Social, 22 marzo 2016. Tema 9 del programa: Preparativos para el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General sobre el problema mundial de las drogas que se celebrará en 2016. http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=E/CN.7/2016/L.12/Rev.1
  • (2) : Informe final ungass 2016
  • (3) : Comisión global de drogas, 2014. Asumiendo el control: caminos hacia políticas de drogas eficaces. http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/uploads/2016/03/GCDP_2014_taking-control_ES.pdf
  • (4) : Convención única de estupefacientes, 1961. http://www.unodc.org/pdf/convention_1961_es.pdf
  • (5) : DPA, 2016. Drug Policy Alliance, Fact Sheet: Women, Prison, and the Drug War. http://www.drugpolicy.org/resource/women-prison-and-drug-war
  • (6) Giacomello C., 2014. How the drug trade criminalizes women disproportionately. NACLA Report Americas; Vol. 47, pp. 38–41
  • (7) : Inter-American Commission of Women, 2014. Organization of American States Inter-American Commission of Women. Women and drugs in the Americas: a policy working paper. Washington, DC. https://www.oas.org/es/cim/docs/WomenDrugsAmericas-EN.pdf
  • (8) Perez Correa y Azeola, 2012. Resultados de la primera encuesta realizada en los Centros Federales de Readaptación Social. Mexico City: CIDE.
  • (9) Csete J. y col., 2016. Public health and international drug policy; The Lancet, Vol. 387(10026, pp:1427-1480
  • (10) Lim y col., 2012. A comparative risk assessment of burden of disease and injury attributable to 67 risk factors and risk factor clusters in 21 regions, 1990–2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. The Lancet; Vol. 380, pp:2224–2260
  • (11) Degenhardt y col., 2013. The Global Epidemiology and Contribution of Cannab Use and Dependence to the Global Burden of Disease: Results from the GBD 2010 Study. PLOS one, Vol. 8 (10), pp. 1-13
  • (12) Hanan Abramovici, 2013. Information for Health Care Professionals. Cannabis (marihuana, marijuana) and the cannabinoids.
  • (13) Artur Domoslawski, 2011. Drug Policy in Portugal: The Benefits of Decriminalizing Drug Use (Open Society Foundations, 2011)
  • (14) Grucza RA y col., 2016. Declining Prevalence of Marijuana Use Disorders Among Adolescents in the United States, 2002 to 2013. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, Vol. 55(6), pp. 487-494

Gráficas: Ximena Paz Steinberg Acuña

Texto: Ximena Paz Steinberg Acuña. Todos los derechos reservados

Foto-Xime-Steinberg-36407200-1024x1024Ximena Paz Steinberg Acuña (1983 Concepción, Chile) Licenciada en Bioquímica. Master en Bioquímica y Bioinformática. Doctora en Ciencias, Mención Biología Celular y Molecular por la Universidad Austral de Chile. Forma parte de una Fundación científica sin fines de lucro llamada Ciencias para la Cannabis (cienciascannabis.cl Su experiencia en investigación, le permite extraer la información relevante en temas de política/uso de drogas, generalmente encriptada entre el lenguaje científico y la interpretación moral o ética, el sesgo, el autor del trabajo y las conclusiones añadidas en la publicación.

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